En el año 2015, desde Malvaluna se presenta un informe para dar a conocer el trabajo que viene haciendo la entidad en materia de Igualdad y Violencia de Género en Extremadura con el objetivo de analizar las dificultades que aún encuentran en la práctica de la defensa de los derechos de las mujeres.
En 2014, cuando se cumplen diez años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género se observa que el objetivo pretendido por la misma sigue lejos de cumplirse, y que si bien dicha Ley resulta insuficiente, no es menos cierto que se vienen poniendo obstáculos para su cumplimiento y mostrándose reticencias a la misma que están poniendo en serio riesgo la eliminación de la violencia machista en el ámbito familiar. En la actualidad, seguimos encontrando los mismos obstáculos, resistencias y dificultades.
Las reticencias a la aplicación de la ley, los prejuicios, la insuficiencia de recursos, la falta de incorporación de la perspectiva de género en la atención a las víctimas constituyen un autentico problema en el tratamiento de la violencia de género cuyas consecuencias repercuten, casi en exclusiva, en las propias víctimas.
En general, se observa que el tratamiento de las Violencias Machistas se equipara a un “suceso” y no se trata como un problema social de primer orden.
Algunos de los aspectos que desde Malvaluna se consideran obstáculos o dificultades en la lucha contra esta lacra social son:
En el Ámbito Educativo, la igualdad se sigue considerando una actividad puntual, no como una asignatura ni como un contenido transversal. Rara vez forma parte del currículum de los centros, dejando su tratamiento a días puntuales como el 8 de Marzo o el 25 de Noviembre.
Existen también escasos recursos y disponibilidad para formación del profesorado para la detección y el abordaje de casos de violencia machista.
En el Ámbito Sanitario, la formación en igualdad del personal (sanitario y no sanitario) aún es escasa. Hay una excesiva presencia de estereotipos y prejuicios en la asistencia a las víctimas de las violencias machistas y una desconexión del resto de agentes intervinientes.
En el Ámbito Social también se constata la insuficiente formación en igualdad de género y la ausencia de tratamiento integral de los casos de Violencia de Género.
En cuanto a la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, hay una excesiva presencia de estereotipos en la percepción de la violencia y las víctimas, lo cual influye en la atención a las mismas y el tratamiento de los casos. Se perciben dos actitudes: quienes disuaden a las víctimas o por el contrario quienes generan expectativas que posteriormente no se cumplen. Además, consideran que el sistema actual de calificación del riesgo es inadecuado.
En el Ámbito Judicial, aún existen prejuicios en los operadores jurídicos que condicionan el adecuado tratamiento y provocan un deficiente trato a la víctima. La aplicación del principio de igualdad de género en la interpretación normativa es escasa o nula, por lo que en el tratamiento del caso la víctima siempre está bajo sospecha.
Las Administraciones, como encargadas de desarrollar e implementar la legislación en esta materia, tienen una total opacidad en los procedimientos derivados de la aplicación de la ley integral. No se aportan suficientes datos que puedan ayudar a conocer la realidad de las víctimas de violencias machistas, en especial de la violencia de género intrafamiliar. Además de esto, los recursos que se dedican siguen siendo insuficientes, habiendo una ausencia de medidas y recursos integrales.
Asimismo, se puede observar que existe desconexión entre la intervención policial, judicial, social, educativa y sanitaria. Uno de los grandes retos en la actualidad es la coordinación entre los diferentes recursos que intervienen en el tratamiento de la Violencia de Género, ya que aún no existen mecanismos eficaces de coordinación, provocando situaciones constantes de victimización secundaria en las mujeres que han sufrido Violencia de Género.