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Denuncias y reivindicaciones

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LA SENTENCIA “DE LA MANADA”

 

Acabamos de conocer la sentencia “de la manada” (España). Indignación, estupor, desolación, son los términos en que cada mujer se pronuncia. Esta no era una sentencia más, era una sentencia paradigmática por lo mediático, por el cuestionamiento de la víctima, porque fue el momento que hizo responder a las instituciones por el derecho a una vida libre de violencias también en los espacios de ocio. La sentencia tenía por tanto también mucho de simbólico. El mensaje enviado ha sido doble, por un lado nos ha dicho a las mujeres que no creamos que los avances en igualdad no están consolidados, al machismo criminal que no es tan grave agredir sexualmente a una mujer.
Lo peor es que esta sentencia no es una excepción y nos recuerda que la justicia patriarcal es un muro con el que chocan los avances en los derechos humanos de las mujeres, y nos refuerza en la necesidad de mantener la lucha contra las violencias machistas en la agenda feminista, de hacer una verdadera revisión del ámbito jurídico, en lo sustantivo y en lo procesal, para que la aplicación del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas no quede en papel mojado para las mujeres.

Obstáculos y dificultades en la Intervención en Violencia de Género 13 años después de la Ley 1/2004 II

13 años después de la aprobación de la Ley 1/2004 Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Asociación Malvaluna sigue encontrando dificultades en la práctica de la defensa de los derechos de las mujeres.

Siguiendo con el análisis del informe que se presentó en 2015, cuyo contenido podéis ver en este post, la intervención con mujeres víctimas de las Violencias Machistas en el ámbito de la pareja o expareja sigue siendo deficitaria, provocando en ellas procesos de Victimización secundaria que obstaculizan la resolución de los casos, la justicia  y la reparación.

En el tratamiento de los casos, se sigue observando cómo todas las mujeres víctimas de Violencia de género son tratadas como si fueran idénticas a las otras, sin tener en cuenta sus condiciones de vida y sus características personales. No se tienen en cuenta aspectos esenciales para la resolución de las situaciones de violencia de género intrafamiliar como: formación, nivel económico y social; autonomía personal, religión, culturas, nacionalidades, etc.

Además de esto, de todas las víctimas se sospecha la existencia de móviles espurios (falsos), del deseo de obtener ganancias en otros procesos, en recursos económicos, sociales, etc. Se trata del mito de las denuncias falsas, sobre el que escribiremos más adelante, que además de cuestionar a las mujeres que ya han decidido denunciar, disuade al resto de hacerlo, cuestionando de entrada sus intenciones y la falsedad de sus testimonios.

Otro obstáculo a la hora de trabajar en el proceso de toma de decisiones con las mujeres en esta situación, son los mensajes que se derivan de las continuas campañas en las que se anima a las mujeres a denunciar la situación que están viviendo. Esto no hace sino incidir en que la responsabilidad para acabar con la situación, y por tanto, la culpa de seguir viviendo así, es suya. Exigir una denuncia para el acceso a recursos es imponer una obligación, hacer depender la resolución del problema de ella misma.

Día a día se observa cómo la feminización de la pobreza incide en la resolución de casos de violencia de género. Aquellas mujeres que no tienen independencia económica, pueden hacer uso de cuantías económicas fijadas en las Órdenes de Protección, pero éstas no garantizan un mínimo de subsistencia. Esto provoca en muchos casos la pérdida de viviendas.

En cuanto a las mujeres que gozan de independencia económica, se puede ver cómo en numerosos casos asumen la mayor carga de las personas dependientes de la familia por la baja cuantía acordadas en los procesos.

Por último, nos gustaría recalcar la desigualdad en el acceso a los recursos que sufren las mujeres. A la hora de implementar medidas, es necesario tomar conciencia de la diversidad de situaciones que vivimos las mujeres y tener en cuenta las dificultades derivadas de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que viven en zonas rurales, éstas tienen mayores dificultades de acceso a los recursos. Esto se debe a la centralización de los recursos, a los transportes públicos inadecuados y al uso del vehículo familiar como instrumento de control.

Las mujeres migrantes se encuentran con dificultades añadidas, ya que se enfrentan a mayores prejuicios por parte de los servicios públicos. Además, pueden tener miedo a la denuncia por estar situaciones administrativas irregulares y pueden tener obstáculos para el acceso a servicios asistenciales.

Otra dificultad añadida la viven las mujeres con discapacidad psíquica. Sufren una total invisibilización de las violencias y una ausencia de credibilidad en sus testimonios.

Para seguir avanzando en la atención integral en la Violencia de Género, es importante tener en cuenta todas y cada una de estas dificultades. Es hora de empezar a cuestionarse el trabajo realizado y evaluar los resultados conseguidos para poder establecer políticas futuras que vayan a la raíz del problema.

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Obstáculos y dificultades en la Intervención en Violencia de Género 13 años después de la Ley 1/2004 I

En el año 2015, desde Malvaluna se presenta un informe para dar a conocer el trabajo que viene haciendo la entidad en materia de Igualdad y Violencia de Género en Extremadura con el objetivo de analizar las dificultades que aún encuentran en la práctica de la defensa de los derechos de las mujeres.

En 2014, cuando se cumplen diez años de la entrada en vigor de  la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género se observa que el objetivo pretendido por la misma sigue lejos de cumplirse, y que si bien dicha Ley resulta insuficiente, no es menos cierto que se vienen poniendo obstáculos para su cumplimiento y mostrándose reticencias a la misma que están poniendo en serio riesgo la eliminación de la violencia machista en el ámbito familiar. En la actualidad, seguimos encontrando los mismos obstáculos, resistencias y dificultades.

Las reticencias a la aplicación de la ley, los prejuicios, la  insuficiencia de recursos, la falta de incorporación de la perspectiva de género en la atención a las víctimas constituyen un autentico problema en el tratamiento de la violencia de género cuyas consecuencias repercuten, casi en exclusiva, en las propias víctimas.

En general, se observa que el tratamiento de las Violencias Machistas se equipara a un “suceso” y no se trata como un problema social de primer orden.

Algunos de los aspectos que desde Malvaluna se consideran obstáculos o dificultades en la lucha contra esta lacra social son:

En el Ámbito Educativo, la igualdad se sigue considerando una actividad puntual, no como una asignatura ni como un contenido transversal. Rara vez forma parte del currículum de los centros, dejando su tratamiento a días puntuales como el 8 de Marzo o el 25 de Noviembre.

Existen también escasos recursos y disponibilidad para formación del profesorado para la detección y el abordaje de casos de violencia machista.

En el Ámbito Sanitario, la formación  en igualdad  del personal (sanitario y no sanitario) aún es escasa.  Hay una excesiva presencia de estereotipos y prejuicios en la asistencia a las víctimas de las violencias machistas y una desconexión del resto de agentes intervinientes.

En el Ámbito Social también se constata la insuficiente formación en igualdad de género y la ausencia de tratamiento integral de los casos de Violencia de Género.

En cuanto a la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, hay una excesiva presencia de estereotipos en la percepción de la violencia y las víctimas, lo cual influye en la atención a las mismas y el tratamiento de los casos. Se perciben dos actitudes: quienes disuaden a las víctimas o por el contrario quienes generan expectativas que posteriormente no se cumplen. Además, consideran que el sistema actual de calificación del riesgo es inadecuado.

En el Ámbito Judicial,  aún existen prejuicios en los operadores jurídicos  que condicionan el adecuado  tratamiento y  provocan un deficiente  trato a la víctima. La aplicación del principio de igualdad de género en la interpretación normativa es escasa o nula, por lo que en el tratamiento del caso la víctima siempre está bajo sospecha.

Las Administraciones, como encargadas de desarrollar e implementar la legislación en esta materia,  tienen una total opacidad en los procedimientos derivados de la aplicación de la ley integral. No se aportan suficientes datos que puedan ayudar a conocer la realidad de las víctimas de violencias machistas, en especial de la violencia de género intrafamiliar. Además de esto, los recursos que se dedican siguen siendo insuficientes, habiendo una ausencia de medidas y recursos integrales.

Asimismo, se puede observar que existe desconexión entre la intervención policial,  judicial, social, educativa y sanitaria. Uno de los grandes retos en la actualidad es la coordinación entre los diferentes recursos que intervienen en el tratamiento de la Violencia de Género, ya que aún no existen mecanismos eficaces de coordinación, provocando situaciones constantes de victimización secundaria en las mujeres que han sufrido Violencia de Género.